Tal como ha venido ocurriendo constantemente a lo largo de este año, la entrega del subsidio nacional atrasado de $ 153 millones correspondiente al mes de agosto ha permitido que se levante el paro de transporte de pasajeros, que llevaba 20 días consecutivos de parálisis total. Al igual que en las seis huelgas de choferes de 2020, la ayuda sólo aplaca la superficie del problema ardiente, ya que antes del 10 de noviembre se activará nuevamente la crisis, debido a que, por un lado se adeuda aún el subsidio correspondiente a septiembre y, por otro, trascendió que la próxima remesa federal se verá menguada por los problemas financieros de la administración nacional. De ello se desprende que, con alta probabilidad, noviembre será otro mes con huelga de transporte, con los enormes problemas que esto acarrea para la comunidad.

Los 20 días consecutivos de paro han tenido momentos extremos como la jornada en que los choferes tomaron las unidades y cercaron el microcentro, con lo que se generaron situaciones de tensión y de riesgo puesto que las ambulancias no podían circular en rescate de personas en emergencia. Más allá de esta situación crítica, los efectos del extenso parate inciden en las demás actividades económicas y también afectan en lo personal a los trabajadores esenciales, que son los obligados a circular en medio de la emergencia en salud.

Con estos 20 días suman 64 las jornadas de protesta en el año, de una actividad que ya en 2019 había entrado en una crisis tan profunda que se había vuelto prácticamente inviable. Son 56 empresas en la provincia -14 en la capital- con casi 4.000 empleados, que en tiempos normales transportan a unos 600.000 personas y que ahora, con las limitaciones de circulación y las exigencias del protocolo, han tenido una caída de ingresos del 80%, por la nulidad de ventas, además de aumento de costos del 49%. En marzo van a cumplir un año sin ventas y nada indica que vayan a cambiar las cosas. El ministro de Transporte de la Nación había reconocido hace meses los problemas del sistema, así como las asimetrías existentes en el reparto de subsidios entre Capital Federal y Buenos Aires y el resto del país (se calcula que de cada 10 pesos, nueve van a CABA y AMBA y uno queda para el interior).También había afirmado que en enero se iba a discutir el reparto federal de recursos para el transporte, pero, tal como van las cosas -al decir del subsecretario Operativo de Tránsito de la municipalidad capitalina- para entonces “ya no habrá transporte público en Tucumán”.

Ya el sistema ha entrado en una espiral de degradación. En Tafí Viejo se ha autorizado el funcionamiento de un sistema de combis y micros para trabajadores esenciales y lo mismo pretende hacer la municipalidad capitalina en noviembre con los transportes escolares. Se trata se experiencias provisorias, pero marcan la crisis del sistema, que ya tiene un duro antecedente con el servicio de autos rurales, totalmente desregulado, en el interior provincial.

Entre 2019 y este año los funcionarios y los legisladores han intentado enfrentar el problema, pero las discusiones no han pasado de la coyuntura, aun cuando está claro que la crisis es terminal. Correspondería que comience a debatirse en profundidad el sistema de transporte que queremos para las próximas décadas, y eso incluye cómo afrontar las dificultades que impone la pandemia, porque tal como están las cosas, el transporte ya no cumple su función ni sus objetivos.